Publicado en Vanguardiadelpueblo.do
Ideas para pensar un mundo mejor después de la pandemia.
Junto a su impacto negativo profundo, esta pandemia también creará condiciones propicias para impulsar transformaciones y avanzar hacia un mundo más justo y sostenible. Esta crisis constituye una señal anticipada y una potente advertencia para revisar de manera sustancial nuestra forma de vivir y organizar la sociedad.
Sobran antecedentes para imaginar un futuro oscuro. Desempleo desorbitante, pobreza elevada, crecimiento negativo, vulnerabilidad social y sanitaria, gobiernos frágiles y estados débiles son algunos de los obstáculos gigantescos que los pueblos latinoamericanos deberán soportar y superar. Pero las penurias urgentes no deben aplacar la voluntad de asumir contundentes reformas. Lo importante es prepararse desde ahora para transformar esta realidad.
Los sectores progresistas de América latina deben impulsar transformaciones que corrijan las grandes fallas que la pandemia ha develado con nitidez. Es cierto que el futuro estará condicionado por factores que no controlamos, pero no está predeterminado, lo construyen las personas. Hacerlo bien requiere conocer las fuerzas en juego, las nuevas tendencias globales y factores de cambio y, a su vez, poseer una visión fundada en valores, que articule los procesos, despeje incertidumbres y priorice las metas y medidas. La elaboración de escenarios ayuda a discernir y elegir caminos. La confluencia de ambos enfoques, una visión fundada en valores y la exploración de futuros posibles, permiten generar proyectos que posean sentido estratégico y orienten la acción en los meses y años que vienen.
¿Cómo transformar esta crisis sanitaria, económica y ecológica en una oportunidad? El impacto de esta pandemia 2020 modificará la organización de la vida social, provocará transformaciones institucionales, disrupciones económicas y tecnológicas y cambiará también los comportamientos personales. No tenemos claro cuan profundo serán ni cómo se retroalimentarán estos procesos, pues no existen experiencias que nos guíen. No obstante, podemos postular que se crearán condiciones para hacer viables reformas urgentes que han sido peligrosamente postergadas, y que surgirán nuevas oportunidades de cambio social, económico y tecnológico, que hoy apenas atisbamos. Su materialización dependerá de la conciencia de la sociedad y del liderazgo político.
I. CONCEBIR ESCENARIOS Y DISEÑAR NUEVAS ESTRATEGIAS
Inevitablemente, embargados de incertidumbre y temor, gobiernos y personas vuelcan toda su atención a lo inmediato y urgente. ¿Pero, qué podemos atisbar si levantamos la mirada? Observaremos un sistema complejo, difícil de interpretar, pues están siempre interactuando múltiples procesos de intensidad desconocida, cuyos desenlaces son difíciles de anticipar, “se generan efectos en cascada de manera que pequeños cambios acaban convirtiéndose en transformaciones masivas” (La Complejidad de la Pandemia , Daniel Innerarity, Ethic, Agosto 2020) Es imprescindible analizar escenarios futuros. La prospectiva (foresight) es un método para situarnos en distintos horizontes. Permite identificar los obstáculos y oportunidades que puedan surgir. Al analizar distintos escenarios, desde los moderados hasta los disruptivos, se puede discernir cuales son más plausibles, identificar los deseados y trazar los cursos de acción más eficaces para alcanzarlos.
Distintos pensadores vaticinan que “la actual pandemia global COVID-19 será vista en retrospectiva como un gran acelerador que nos hizo transitar desde la continuidad del pasado a una nueva era. Sólo un acontecimiento como éste, que desarma todas nuestras nociones preconcebidas, un quiebre epistémico, tiene el poder transformador general para alterar la condición humana” Nathan Gardels (The World Post, marzo 2020)
Hacer prospectiva ayuda a los gobiernos, organismos internacionales, instituciones, empresas y sociedad civil. Algunos países avanzados cuentan con capacidades de prospectiva, mientras los emergentes tienen escasos recursos humanos e institucionales para escrutar futuros y anticipar. Es indispensable, por tanto, crear unidades de futuro en los principales centros de gobierno, fortalecer los existentes y conectarlos con equipos de las regiones, empresas, universidades y educación escolar. A nivel global también se necesita acrecentar la capacidad prospectiva de organismos internacionales.
La prospectiva es una disciplina que deberá desarrollarse e incorporarse a la formación de técnicos, funcionarios, dirigentes sociales y políticos. La capacidad de estudiar escenarios futuros ayuda a gobernar mejor.
II. ¿QUÉ AMENAZAS SE AVIZORAN EN EL HORIZONTE?
Aventuro seis principales riesgos que deberían encarar los países.
El cambio climático es el mayor reto, modificará la vida en todas sus dimensiones.
La pandemia y el cambio climático están íntimamente ligadas. Hasta días antes de la difusión exponencial de los contagios, el tema más angustiante era el cambio climático. Los datos se iban tornando alarmantes. Los últimos informes nos advertían los riesgos de escasez de alimentos, subidas del mar, amenazas a poblaciones costeras, calor y sequía, incendios, deshielos, desplazamientos de población. Así lo advertía Hans Joachim Schellnhuber, director emérito del Potsdam Institute: “El cambio climático está llegando al fin del juego, muy pronto la humanidad deberá elegir entre tomar acciones sin precedentes o aceptar que ya es muy tarde y sufrir las consecuencias…. si continuamos por el camino actual hay un alto riesgo de terminar con nuestra civilización. La especie humana sobrevivirá de alguna manera, pero habríamos destruido casi todo lo construido en los últimos 2000 años”. (Existential climate-related security risk: A Scenario Approach, David Spratt & Ian Dunlop, mayo 2019).
La pandemia ha trastocado todo, pero ¿ha pospuesto esas preocupaciones? Lejos de hacerlas desaparecer, ambos fenómenos globales – pandemia y cambio climático- se retroalimentan. La pandemia ha despertado un sentido de amenaza inmediata a la vida que nunca había logrado el tema ambiental. Ahora es muy posible que la percepción de peligro existencial de la pandemia se transfiera al cambio climático. La forma como los países y la comunidad internacional enfrenten la crisis actual influirá en el modo como se aborde el desafío del medio ambiente.
La escasez de agua pondrá en riesgo el consumo humano, afectará la producción de alimentos y provocará migraciones. La altura del mar subirá por el derretimiento de hielos en el Ártico y la Antártica, amenazando ciudades costeras; las inundaciones afectarán a numerosas ciudades y particularmente a las zonas donde habitan los más pobres; los incendios acrecentarán la deforestación, reduciendo la captura de CO2. Además, como lo advierte la FAO, “…el cambio climático impacta la agricultura más allá de los rendimientos de los cultivos. … afecta también la calidad de los suelos, el ecosistema de los peces y los stocks, la diversidad de los paisajes, la epidemiología y la resistencia antimicrobiana a las pestes y enfermedades”. (FAO, The Future of Food and Agriculture: Alternative Pathways to 2050, 2018). Asimismo, los cambios ambientales podrían crear nuevos riesgos biológicos globales, hasta ahora desconocidos.
Aumentará la desigualdad.
El impacto del Covid 19 en el funcionamiento económico nacional y mundial socavará aún más el sostén económico de los países y de las familias pobres. Crecerá el desempleo y se reducirán los ingresos de las familias más necesitadas, especialmente de los trabajadores informales, y se perderá capital productivo. La brecha digital puede elevar la desigualdad. Los trabajadores manuales o los que desempeñan labores de servicio automatizables, y los niños que no posean computadores, ni conexión, ni formación digital quedarán atrás.
La democracia está amenazada.
Antes que estallara esta pandemia la democracia era asediada en muchos países. Gobiernos, instituciones y elites ya estaban deslegitimadas. Cundía el rechazo a la desigualdad y a la corrupción, con economías casi estancadas y protestas en ascenso. La pandemia y la crisis económica agudizarán estas tensiones. Si a ellas se agrega el temor y la vulnerabilidad, muchas personas estarían predispuestas a transar libertad por ganar seguridad, y podrían aumentar las tentaciones autoritarias. La expansión de la digitalización, el seguimiento y trazabilidad de cada persona, el pago directo a desempleados y pobres para que sobrevivan están abriendo paso a sistemas de vigilancia y de control social inéditos. Las fuerzas armadas que supervisan cuarentenas y toques de queda pueden tornarse habituales. Los gobiernos deberán usar nuevas tecnologías para prevenir y cuidar la salud de cada persona, y esas mismas tecnologías podrían ser utilizadas para limitar la libertad. El estado de vigilancia (surveillance state) sería parte de la nueva realidad. Y luego el control podría penetrar a otro nivel, la llamada vigilancia “bajo la piel”, que permitiría medir estados de ánimo (procesos químicos) y transitar desde el conocimiento de lo que cada persona hace a lo que la persona siente y piensa. El estado de derecho estaría en serio riesgo.
Debilitamiento de la capacidad productiva y el crecimiento.
La paralización de actividades productivas por la pandemia ocasionará un deterioro del capital humano y de gestión, reducirá la inversión y especialmente la inversión en investigación y desarrollo. El cambio tecnológico acelerará la expansión de unas empresas y también la declinación o cierre de otras. El comercio internacional tiende, desde un tiempo, a bajar su ritmo de crecimiento y ello continuará, afectando a países cuyas exportaciones están basadas en recursos naturales. El comercio de recursos naturales también dependerá de los cambios en la matriz energética, hacia viento y sol, del reciclaje de materiales, de la economía circular, y también del mayor autoabastecimiento de algunos productos para acrecentar la seguridad alimentaria. Asimismo, es previsible que numerosas actividades que antes se elaboraban en el exterior, con cadenas de producción globales, puedan trasladarse a los espacios nacionales.
Y por el lado financiero, la deuda pública se expandirá a niveles difíciles de sustentar en el futuro, disminuyendo la capacidad de inversión.
Estados débiles que carecen de capacidad de conducir.
En lo inmediato, el aparato estatal ha debido expandir su ámbito de acción para proteger la salud, entregar dinero directamente a cada persona para alimentarse y sobrevivir, y a las empresas para mantener empleos y recuperarse. El Estado no estaba preparado, y algunos piensan que su extensión seria transitoria, y pasada la crisis retornaría a su dimensión anterior. Mantener esa debilidad comprometería su capacidad de proteger a la población y forjar un estado de bienestar. Ejecutar las nuevas funciones exigirá modificaciones mayores en la organización del Estado para reconvertir actividades productivas, acelerar la innovación, reducir la contaminación, ensanchar el diálogo social. En América Latina, el Estado carece de esas capacidades.
El mundo no está preparado para colaborar eficazmente.
El multilateralismo y la gobernabilidad global han declinado, justo cuando se requiere mayor colaboración. La disputa geopolítica entre EE. UU. y China no amainará. Tal tensión retardaría la superación de las pandemias y la recuperación económica, esencial para los países menos desarrollados que necesitan reglas internacionales convenidas colectivamente. “Las desigualdades entre los países y entre grupos sociales que aumentaron la fragilidad del sistema mundial deben ser abordadas de una vez por todas.” (CEPAL, Informe Especial, COVID 19, abril 2020). El dilema de la humanidad es entre nacionalismo aislacionista y solidaridad, advierte Yuval Harari (The World after Coronavirus, Financial Times, marzo). Las pandemias, no las guerras nucleares, pueden transformarse en el mayor peligro de la humanidad. Este desafío requiere mayores capacidades globales de prevención, investigación y acción, al igual que la supervisión mundial de las armas biológicas. Las actuales son insuficientes,
Si estas 6 amenazas perduran, el futuro sería oscuro. Pero si se reacciona a tiempo se podría avanzar hacia un mundo mejor.
III. ¿QUÉ NUEVAS OPORTUNIDADES Y QUÉ HACER?
Frente a las amenazas descritas pueden surgir condiciones favorables para realizar transformaciones institucionales, políticas, económicas y sociales, muchas de las cuales se hallan pendientes o bloqueadas. La agudización de la situación actual podría desatar una energía social transformadora, que se debería anticipar y encauzar. Surge entonces la gran oportunidad de realizar transformaciones que eviten un escenario indeseable. ¿Qué cambios impulsar en América Latina para hacer viable otro escenario, democrático, justo, verde y solidario?
Gran reforma del sistema de salud.
El objetivo primero será crear un sistema de salud público potente al que accedan todos los habitantes, en condiciones de real igualdad. En América Latina la segmentación entre lo público y lo privado ha provocado diferencias de calidad inaceptables, que están al origen de protestas pasadas que continúan latentes. Después de la gran epidemia de 1918 se transformaron los sistemas de salud, con autoridad central y predominio público. Similar proceso tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando creció el estado de bienestar y la equidad. La historia revela que los shocks externos siempre han provocado cambios sustantivos de la organización social. Luego de la pandemia de 2020 el ímpetu será mayor, y podría abarcar múltiples iniciativas, formar más personal médico, elevar los recursos para investigación científica, remunerar la labor de cuidado a los vulnerables, mayoritariamente mujeres; coordinar esfuerzos mundiales de investigación, y control de armas biológicas.
Emergerán condiciones favorables para efectuar reformas contundentes, crear un seguro universal, proveer de medicamentos a precios controlados, elevar la producción nacional de genéricos, reforzar el rol público en producción y distribución. Salud no significa sólo medicamentos y atención médica, también exige terminar con el hacinamiento, y proveer espacios, servicios y bienes públicos de mejor calidad. Y lo más relevante será acrecentar la capacidad de prevención, con el uso de tecnologías de conectividad, el seguimiento y tratamiento personalizado. Yesa función corresponde prioritariamente al Estado, cuya presencia se deberá elevar.
Un nuevo Contrato Social
Sin mayor inclusión social el sentido de comunidad se debilitaría todavía más, y comprometería la profundización democrática. Los altos niveles de desempleo durante la pandemia, en particular de las mujeres, requerirá de planes especiales de empleo y capacitación. Adicionalmente, la aceleración de la digitalización y el consiguiente desempleo exigen proteger a las y los trabajadores y sus familias en la transición sanitaria y tecnológica, y apoyarlos con un gran plan de alfabetización, formación e investigación digital. La automatización y la inteligencia artificial elevarán la productividad, pero también provocarán desempleo entre quienes realizan labores rutinarias. Sin una acción enérgica en favor de la alfabetización digital y la protección del trabajador y su familia durante la transición a nuevos empleos, se elevará la desigualdad. América Latina puede superar su atraso tecnológico con un programa de digitalización acelerado, educacional, de infraestructura e investigación. La digitalización provocará una elevación de la productividad. Ese “dividendo digital”, deberá distribuirse mejor.
Un nuevo pacto social debería contemplar la implantación progresiva de un ingreso básico universal, que garantice la sobrevivencia de todas las personas y les otorgue autonomía para desarrollarse y aportar a la comunidad. La informalidad del empleo es una causa preponderante de la pobreza. El ingreso o remuneración básica universal podría ayudar a disminuir la informalidad a través de la capacitación y protección laboral, la formalización financiera, previsional y tributaria. Junto a las indispensables reformas tributarias, estos elementos deberían ser los pilares de un nuevo pacto social. La implantación de estas medidas puede ser gradual e incluir la remuneración del cuidado de niños, enfermos y ancianos, realizado principalmente por mujeres.
Este virus será un catalizador de la lucha por la igualdad. “Sólo las plagas catastróficas y las guerras han impulsado a las sociedades en el pasado a fundamentalmente enderezar la desigualdad social”, señala el historiador de Stanford Walter Scheidel” (en su libro The Great Leveler. Un nuevo pacto social será indispensable para absorber al impacto de los cambios tecnológicos en el futuro del empleo.
Afianzar la democracia y respetar los derechos humanos. Una democracia representativa y participativa.
Durante la crisis la prioridad es proteger la democracia de las tentaciones autoritarias o de control social. Las atribuciones especiales que se deleguen a un gobierno deberán ser proporcionales, temporales y estar sujetas a la fiscalización de los otros poderes del Estado, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Es esencial respetar las elecciones, la libertad de expresión y de movimiento, la plena operación del Parlamento y la autonomía del Poder Judicial. Los gobiernos democráticos deben proporcionar seguridad respetando el estado de derecho.
La ciudadanía exigirá distribuir el poder, empoderar a las personas y ampliar la participación política y la inclusión social. Crecerá la demanda por una presencia mayor de mujeres en la conducción de la sociedad. Los cambios necesarios para encarar los desafíos futuros exigen una redistribución del poder desde las elites a los demás grupos sociales. A la pugna histórica entre derechas e izquierdas se agregará con fuerza la tensión elite-ciudadanos, y muy probablemente se acrecentarán las manifestaciones sociales para reducir las desigualdades.
La gobernabilidad política es esencial para asumir estas tareas con éxito. Los acuerdos amplios y de mayoría son indispensables para evitar la polarización política y la consiguiente paralización de la acción pública. La polarización conlleva el riesgo de caer en autoritarismo o populismo, el primero por la tentación de contener y reprimir las manifestaciones sociales, el segundo por la pretensión de satisfacer las demandas sociales sin la mediación de las instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales.
Los sectores democráticos deberán instaurar nuevas modalidades de participación a fin de fortalecer la democracia representativa. La democracia exigirá numerosas reformas político-institucionales. En América Latina se deberá equilibrar el excesivo poder presidencial, fortaleciendo al Parlamento, la autonomía del Poder Judicial y delegando atribuciones a nivel local. La democracia se refuerza con la cercanía de los ciudadanos a la toma de decisiones, y su involucramiento es más expedito a nivel municipal.
La región carece de mecanismos efectivos de diálogo social, y deberá desplegarlos para consultar y alentar la participación de la comunidad en las elecciones y decisiones de política pública. Instancias como los consejos económico-sociales y medioambientales deberían crearse a nivel global, nacional y local. Dicha participación diluye las tendencias autoritarias y facilita los proyectos compartidos.
La sociedad civil deberá adquirir más poder y autonomía. A su vez, las nuevas formas de comunicación social deben propender al empoderamiento ciudadano, para lo cual se deberá resguardar la veracidad, dignidad, libertad y privacidad, impedir el abuso, la distorsión, la manipulación. Por ello será imprescindible regular a las redes y a las grandes empresas que controlan el sistema de comunicaciones sociales.
Gobernar mal daña a la democracia. Por ello es esencial mejorar la capacidad de gobernar, preparar cuadros políticos y técnicos que estén vinculados a los distintos sectores sociales para entender sus aspiraciones, y sean a su vez capaces de diseñar e implementar políticas públicas eficaces.
Nuevas funciones para las fuerzas armadas.
Cuando la principal amenaza ya no son las guerras será indispensable definir nuevas funciones para las fuerzas armadas, especializarlas en emergencias nacionales y globales, especialmente las derivadas del cambio climático. Su capacidad logística, planificadora y ejecutora es de gran valor en emergencias humanitarias actuales y futuras. Además, el adiestramiento del personal puede contribuir al desarrollo productivo que demandará mayores habilidades tecnológicas.
En ningún caso los gobiernos democráticos deben asignarles responsabilidades en la mantención del orden público interno, para lo cual no están preparadas. Igualmente, se ha de reformar y capacitar a las policías para que actúen con respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.
Estados nacionales con mayor capacidad de conducción estratégica.
Las prioridades de la sociedad deben imperar sobre las decisiones del mercado. Una mayor gravitación del Estado en la conducción de la sociedad no implica un aparato central burocrático, ni propietario de innumerables empresas públicas, que reemplace a las privadas. Se trata de un Estado que conduzca, incluya e innove. Sin duda, será prioridad elevar eficiencia y probidad en la provisión de servicios y bienes públicos, sin exclusión. Bo obstante, el desafío es todavía mayor. Se trata de transformar y adecuar la estructura del Estado para cumplir nuevos objetivos de articular un Estado que privilegie la inclusión social y el desarrollo de nuevas actividades productivas. Se debe apuntar a un Estado solidario, no subsidiario, a un Estado catalizador del esfuerzo de los principales actores nacionales, que impulse la innovación productiva, convocando a empresas, universidades, científicos y organizaciones sociales, a un Estado garante del respeto y dignidad de todos, que mejore la convivencia y la seguridad ciudadana.
Tras la pandemia surgirán condiciones propicias para proceder a la redefinición de sus funciones y el robustecimiento de sus capacidades. El Estado debe ser objeto de importantes reformas para servir a la democracia.
Nuevas bases productivas para crecer y sustentar el bienestar social.
La velocidad de recuperación económica dependerá de la profundidad y duración de la crisis sanitaria. No bastará con reactivar lo que existía. La clave está en reconvertir e iniciar nuevos emprendimientos que utilicen capacidades desaprovechadas. La pandemia reveló la existencia de potencialidades no como aconteció con la fabricación de mascarillas y ventiladores. Emergerán nuevas instalaciones cuando las cadenas de producción se rediseñen para reducir la vulnerabilidad en alimentos o medicamentos, las nuevas tecnologías de impresión tridimensional (3D printing) permiten fabricar en el país, sin grandes economías de escala.
América Latina puede iniciar una política de desarrollo productivo fundada en tecnologías avanzadas. Cada país tiene actividades dominantes basadas en recursos naturales y procesarlos, digitalizarlos, y crear nuevas actividades competitivas. Para ello es necesario concebir una nueva política industrial, diseñar objetivos e instrumentos para materializarla, apoyándose en plataformas público-privadas. El concepto de “misiones estratégicas” se utiliza para definir y abordar problemas nacionales prioritarios, sean estos alimenticios, medio ambientales, sociales. Y luego se organizan. equipos transversales de coordinación intragubernamental, con empresas, universidades comunidades. Es una manera de focalizar ls capacidades nacionales, galvanizar a distintos actores, y desatar sinergias para resolver un problema mayor. “Use the Industrial Strategy to set cross-sector missions to solve systemic and societal problems” (A Mission Oriented UK Industrial Strategy, Mariane Mazzucato y Lord David Willets,2019)
Chile tiene la ventaja de que sus principales exportaciones, alimentos y cobre, mantendrán una alta demanda. Los alimentos, producidos en tierra y mar, serán claves ante las restricciones globales de tierra y agua. El cobre también será utilizado en esta etapa de creciente electrificación del planeta (sensores, Internet de las Cosas, energías renovables, electromovilidad). Ambos, lamentablemente, enfrentan obstáculos; los alimentos, la aguda restricción de agua; el cobre, su remplazo parcial por reciclaje u otras aleaciones con aluminio o grafeno.
Chile puede definir y acometer nuevas misiones estratégicas. Debe realizar programas macizos para superar la escasez de agua. La desalación es imperiosa y Chile debe usufructuar de dos ventajas: cercanía al mar y energía solar. Conviene desarrollar desde ya un plan que incluya el diseño y fabricación de plantas desaladoras y plantas generadoras de energía solar, o piezas y partes. Producir agua y descarbonizar la matriz energética son dos actividades esenciales para la reducción de la contaminación ambiental y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable 2030. El crecimiento solo será posible con un esfuerzo sustantivo en investigación científica y formación técnica, hoy exigua.
Velar por la seguridad alimentaria y sanitaria.
Tras la interrupción del transporte y cierre de fronteras se ha tomado conciencia de la fragilidad de las cadenas internacionales de producción y del abastecimiento de bienes básicos, alimentación y medicamentos. Ya antes de la pandemia, un informe de FAO (op. cit), ponía en duda la capacidad de alimentar a una población mundial que sigue creciendo, y se aproximaría a 10.000 millones de habitantes en 2050. Hay países exportadores de alimentos que, en medio de la pandemia, están suspendiendo envíos al exterior para asegurar su abastecimiento interno. Otros los producirán internamente. La alta proporción de medicamentos elaborados en China e India deja a muchos países expuestos a una dependencia que preferirán evitar. Las sociedades querrán asegurar el abastecimiento interno y tomar distancia de interrupciones que puedan acontecer en otras latitudes. Chile tuvo laboratorios que elaboraban genéricos, había investigación, y luego perdió ese potencial La mayoría de las naciones latinoamericanas cuenta con las habilidades para ofrecer productos y servicios más sofisticados, reducir precios y mejorar la salud. Es el caso de las vacunas.
Las empresas latinoamericanas deberán relevar su responsabilidad social. No basta con maximizar utilidades para sus dueños o accionistas, han de atender los problemas de la comunidad, cuidar el medio ambiente, innovar, pagar sus tributos, abrir espacio a las mujeres con igualdad de derechos. Las empresas deberán incrementar su vínculo con la comunidad en que habitan. Los “stake holders” serán más importantes que antes, y los “stockholders” menos importantes. La política pública deberá promover muchas pequeñas y medianas empresas innovadoras que generan empleos de calidad y distribuyen el poder económico. Las empresas latinoamericanas deben ser más proactivas en innovación, colaborando con otras, e incentivadas por el Estado, para la creación de nuevos productos y procesos tecnológicos. La diversificación del sector productivo otorgará mayor estabilidad al crecimiento y, a su vez, mayor sustentabilidad a la democracia.
Expandir la digitalización.
Las familias de menores ingresos no cuentan ni con habilidades ni dispositivos digitales, ni acceso a banda ancha. El acceso digital es un servicio público y, por tanto, es un derecho que el Estado debe asegurar a todas las personas. La salud será un sector preferente de digitalización, trazabilidad, telemedicina, e igual tendencia se dará en educación a distancia, y en el comercio, con nuevos sistemas de venta, bodegaje, transporte y pago. Desafortunadamente, en América Latina la infraestructura y la educación digital son insuficientes y desiguales. Se requerirá de una densificación de la infraestructura, fibra óptica, equipos y ampliar espacios en las viviendas y en lugares públicos conectados.
Esta es una prioridad para todos los países y debe apoyarse en planes masivos de capacitación, formación de profesionales de alto nivel e investigación en universidades y empresas. Se debe ahora participar de la acelerada expansión de plataformas, procesamiento, almacenamiento y diseño de algoritmos
Los países avanzados destinarán mayores inversiones en nuevas tecnologías de comunicación, alentados por la disputa entre China y EE. UU. La Unión Europea ha definido prioridad para su desarrollo digital. Los países desarrollados regularán la estructura empresarial para limitar la concentración de pocas empresas integradas verticalmente que oligopolizan las comunicaciones mundiales y pueden poner en jaque la libertad de expresión y la privacidad. Los países latinoamericanos deben acompañar a tiempo ese progreso.
Por ejemplo, en este campo Chile posee la ventaja de la intensa actividad astronómica en su territorio, a partir de la cual puede elevar su capacidad digital.
El salto digital, así como todo desarrollo tecnológico debe responder a un compromiso con la igualdad social, de modo de orientar su desarrollo a la solución de los problemas clave del país, en particular el empleo y la creación de una red de protección que contribuya a un nuevo pacto social. Un gran programa digital, educación, infraestructura y procesamiento de grandes cantidades de datos pueden conformar una tremenda iniciativa de gran beneficio.
Ciudades vivibles.
La digitalización y el trabajo a distancia harán posible reducir también la excesiva concentración en grandes ciudades. Las macrociudades latinoamericanas sufren deseconomías de escala, deterioro de la calidad de vida, hacinamiento, saturación del transporte público. Las ciudades medianas y pequeñas pueden ofrecer una vida mejor. Los gobiernos deberán crear más espacios públicos y verdes, más rutas para bicicletas y peatones, otro urbanismo; y viviendas sociales más amplias para habitar un mundo con mayor permanencia en el hogar, con teletrabajo intenso, menos espacio de oficinas, menos viajes largos, barrios más cercanos y autosuficientes. Con ello se mejoraría la convivencia social. Las formas tradicionales de movilidad cambiarán. Y también se desarrollarán forma eficientes e innovadoras para la protección del medio ambiente en las ciudades.
¿Cómo compatibilizar la sustentabilidad con una creciente urbanización? ¿podría revitalizarse la vida rural, descentralizada, gracias al avance de las tecnologías digitales? No sabemos aún, pero un planeta sustentable y una mejor calidad de vida exigirán de otra distribución de la población sobre el planeta.
Educar para la solidaridad y la colaboración
¿Podrá aflorar un mundo donde se morigere el individualismo y florezca la solidaridad, donde cada persona se percate bien que la calidad de su vida depende de los demás? ¿Es muy utópico pensar que se aplacará la arrogancia de creer en la supremacía humana sobre la naturaleza, y que se descarte lo superfluo y el despilfarro? Es probable que la vida con pandemia aleje del individualismo y aliente la colaboración y la solidaridad. Asimismo, prepararía mejor para abordar los desafíos del cambio climático, a través del compromiso con acciones colectivas.
La digitalización acelerada modificará las relaciones humanas, puede acentuar la soledad y alejarse de las vivencias compartidas, o puede al contrario alentar la conectividad y la creación colectiva. Deberemos impulsar una educación para una convivencia armónica, con sensibilidad social, combinando contacto virtual y presencial. Una democracia de ciudadanos empoderados estará mejor dotada para afianzar una sociedad justa y sustentable.
Acción multilateral para fortalecer la colaboración global.
Los organismos internacionales existentes han mostrado una limitada capacidad de intervención, con excepción de la OMS. Incluso la Unión Europea, el sistema más sofisticado de integración, ha demorado en coordinar a los estados nacionales y elaborar nuevas estrategias conjuntas. EE. UU. y China continúan su pugna estratégica. Es patente la inadecuación del orden internacional forjado desde los años cincuenta, cuando aún no se vislumbra el nuevo.
La pandemia está revelando que el poder global está menos concentrado, que ningún país predomina solo, y que las dos grandes potencias tampoco tendrán la fuerza para ordenar a las demás naciones. Los actores no estatales poseerán creciente autonomía, incluso respecto de los estados donde radican sus casas matrices. El nuevo orden mundial no surgirá, entonces, de una hegemonía unilateral ni bilateral, será más concordado y fluido.
Sin embargo, también puede gestarse un escenario donde la pugna tecnológica entre China y EE. UU. en inteligencia artificial y el control de datos desemboque, por razones de seguridad militar, en un desacoplamiento, y una suerte de muro tecnológico. América Latina podría ser víctima de esa pugna estratégica. La disgregación de las instancias de coordinación latinoamericana constituye una falla perjudicial. La colaboración es un requisito esencial para defender sus intereses y establecer alianzas internacionales que consigan la instauración de normas convenidas multilateralmente
La gobernabilidad global requerirá más diálogo y cooperación. América Latina, en conjunto con naciones de Europa, Asia y África deberían concertarse para reformar las instancias multilaterales en salud, alimentación, energía, finanzas, cambio climático y paz. Las Naciones Unidas, el FMI y el BM deberán desempeñar un rol muy superior al que ejercen hoy.
La pandemia, la economía y el cambio climático requerirán de una creciente cooperación entre estados, organismos internacionales y actores no estatales. El G20 debe invitar a otros países. Un paso crucial es fortalecer a la OMS, la OMC, impulsar reformas de las NU, el FMI y el Banco Mundial. Después de esta prolongada hibernación, se crearán nuevas instituciones internacionales que aborden los nuevos desafíos, inspiradas en principios de colaboración e igualdad. Las nuevas normas y estructuras de poder globales serán el fruto de acuerdos multilaterales. América Latina no puede estar ausente.
IV. ANTICIPAR PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR
América Latina debe reforzar su capacidad de estudio de escenarios y de estrategias de desarrollo en democracia. La prospectiva es necesaria para anticipar y actuar. Cuando se anticipa, las transformaciones posibles deben impulsarse con antelación, no esperar. “Los líderes que ganaron la guerra no esperaron la victoria para planear lo que seguiría. … El mismo tipo de prospectiva se necesita ahora” (“El virus desnuda la fragilidad del contrato Social”, Editorial Financial Times, abril, 2020). No se puede esperar a que pase lo peor para comenzar a pensar lo nuevo.
Indudablemente, será difícil acometer proyectos colectivos que aúnen voluntades en medio de la incertidumbre, la complejidad y la pobreza. Las personas demandarán protección, seguridad, y un bienestar básico para todos. Las protestas sociales probablemente adquieran magnitudes mayores si en las sociedades latinoamericanas no se establecen servicios básicos decentes para todos, salud, alimentación y empleo.
En este periodo surgirán diversas propuestas. No será una cuestión puramente ideológica, ni las personas optarán entre fórmulas tradicionales de izquierdas y derechas. Las distinciones nacional y global, izquierdas derechas, nosotros y ellos no capturan la complejidad. La información y educación de la ciudadanía es una condición necesaria para decidir democráticamente en sociedades complejas.
La sociedad compleja no se podrá gobernar dando órdenes desde arriba, sino consultando y concordado. Por ello el tipo y calidad del liderazgo, no será el de gerente eficiente, sino el del o de la conductora cercana, proba y eficiente.
No basta con medidas de emergencia, se requiere de un proyecto político convocante y liderazgo. “A medida que salgamos de la crisis no debemos aferrarnos a la economía de ayer. Tenemos que fortalecer nuestras economías concentrándonos en nuestras prioridades comunes: acuerdo verde europeo, digitalización y resiliencia” (Discurso ante el Parlamento Europeo, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mayo 2020).
Las propuestas democráticas y progresistas se pondrán a prueba en el compromiso con los más vulnerables, y con los propósitos de transformación compartidos por la mayoría ciudadana. Esta crisis desatará energía y voluntad para transformar la forma de vivir, los desafíos del cambio climático, la desigualdad y el individualismo. Dependerá de la conciencia social, la resolución política y lo que haga cada uno de nosotros. Se saldrá adelante con visión y esperanza.
- Ingeniero y político chileno. Fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además de senador por Tarapacá